El pasado viernes, en una sesión extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Arica, el Pleno de ministros tomó la decisión de abrir una investigación en contra el juez Héctor Barraza, quien expuso la información personal de una decenas de testigos protegidos, quienes habrían declarado contra el clan «Los Gallegos», importante célula de la banda de crimen organizado de origen venezolana, el denominado «Tren de Aragua».
Una vez terminada la sesión extraordinaria, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Claudia Arenas González declaró que «se ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza, que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, tuvo también palabras al respecto y acusó directamente al juez Barraza de incumplir sus deberes como funcionario y aseguró que ya envió todos los antecedentes al máximo tribunal para que vean desde allí las posibles sanciones. Finalmente, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ordenó una investigación penal para todos quienes resulten responsable de los datos de las personas que testificaron bajo protección y de esta forma, pusieron sus vidas en riesgo.
